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ADOLFO SUÁREZ “Yo era consciente del temor a una nueva guerra civil”

junio 27, 2009

“Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la restauración de la Monarquía, se me piden unas reflexiones sobre el discurrir de estos diez años y el proceso de consolidación de la democracia.

Mucho se ha escrito sobre el difícil período que se conoce con el nombre de la transición, que me tocó dirigir por decisión de Su Majestad el Rey en 1976 y por voluntad del pueblo español en 1977 y en 1979.

En la España de 1976 el pueblo español mostraba ansiedad y temor ante el recuerdo de la guerra civil y el tránsito que se avecinaba. Yo era consciente de ese temor, como también lo era de la nueva conciencia del pueblo español y de la mentalidad de nuestro Rey.

Era necesaria una acción política audaz y sincera que transformara las estructuras del Régimen anterior, conectando con la realidad española, sin violencia, sin traumas, sin vacíos de poder. Y había que hacerlo desde la legalidad vigente, y con serenidad y rapidez, para evitar las reacciones de los sectores más continuistas que detentaban enormes parcelas de poder.

Aquel cambio político desde un sistema autoritario a un sistema democrático, sin traumas, elegido libre y auténticamente, era algo sobre lo que no existían precedentes. Así se argumentaba y yo contesté entonces que la falta de precedentes era, en todo caso, un dato histórico, pero no un argumento conceptual o filosófico.

Lo cierto es que construimos el precedente y la inmensa mayoría del pueblo español ratificó nuestro proyecto político, alcanzando el Estado democrático que hoy disfrutamos, sin ajustes de cuentas y sin traumas.

El apoyo imprescindible para llevar a cabo la reforma política lo constituyó la Corona personificada en nuestro rey don Juan Carlos. Era necesario pasar desde la legalidad vigente a la legitimidad democrática utilizando el principio monárquico y los poderes que el Rey había heredado para devolver la soberanía al pueblo español. Y el Rey, paradójicamente, debería renunciar a esos excepcionales poderes para convertir la Monarquía en una Monarquía democrática y parlamentaria.

Sólo así el Rey podría ser el Rey de todos los españoles, pretensión que había anunciado en su discurso de proclamación. Sólo así la Corona se convertiría en el punto de reconciliación de todos los españoles y de integración de las dos Españas. Así había yo concretado este proceso, incluso por escrito, que había compartido con algunas de las más altas instancias del Estado.

Atrás quedan ya los grandes dilemas: “continuismo-ruptura”, que me llevó a elegir una tercera vía de reforma profunda y sincera; “conservadurismo-revolución”, que resolví optando por un programa de cambios económicos y sociales audaces que permitieron crear las condiciones necesarias para el arraigo de la democracia; “centralismo-federalismo”, que dió paso al Estado de las autonomías que extendía armónicamente el sistema de autogobierno para todas las nacionalidades y regiones, pero diferenciándolas en el tiempo: “derecha-izquierda”, que me llevó a responsabilizar del cambio político a la España del centro, del equilibrio y la moderación.

Como atrás quedan también: el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades públicas; la amnistía de los llamados delitos políticos; la legalización de todos los partidos políticos y de todos los sindicatos; la convocatoria de unas elecciones generales libres; la aprobación de una Constitución que no fuera el resultado de la imposición de unos españoles sobre otros, sino el consenso entre todos. En una palabra, lo que, al asumir la presidencia del Gobierno en 1976, definí como la devolución de la soberanía al pueblo español.

Creo sinceramente que el proceso democrático alcanzó sus objetivos. Habíamos conseguido la integración de las dos Españas. Habíamos asumido nuestra Historia en su integridad. Habíamos logrado una reconciliación en la que eran posibles todas las opciones políticas, y el patriotismo no era monopolio de nadie. En España no habría ya, nunca más, ni vencedores ni vencidos.

Y todo ello fue posible por la firmeza del primer Gobierno que presidí, por la presencia de personas que caminaban, ya dentro del Régimen anterior, hacia la modernización del sistema político, por la aportación de hombres maduros como Torcuato Fernández-Mirada, hombre clave en la transición, Josep Tarradellas, Santiago Carrillo y otros, y por la colaboración de hombres de las nuevas generaciones que no habían conocido la guerra civil: jóvenes lideres del PSOE -cabe destacar al actual presidente del Gobierno- y jóvenes dirigentes de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, etcétera…

La transición política que empieza con la muerte de Franco y, entiendo, culmina con la promulgación de la Constitución, es un proceso que hoy todos contemplan dentro y fuera de España, como modélico y como el único capaz de conducirnos a las cotas de estabilidad en que nos encontramos. El propio resultado del intento golpista del 23-F demuestra hasta que punto el proceso había sido acertado.

Es obligado hacer un reconocimiento a la labor prestada por la Unión de Centro Democrático, el partido que contribuí a construir con todas mis fuerzas, cuando en 1977 los españoles expresaron libremente sus preferencias políticas, y que , en mi opinión, respondía a las necesidades de la nueva sociedad española y constituía una garantía de equilibrio y moderación.

El centro sociológico que representaba era el de la España que deseaba, desde la moderación y la convivencia, la modernización de las estructuras, y el disfrute de las libertades y la supresión de las injusticias y de los privilegios infundados. Este centro sociológico respaldó en 1977 y en 1979 a UCD permitiendo que ésta dirigiese el proceso de consolidación democrática. Así se elaboró una Constitución con el concurso de todas las fuerzas políticas con representación democrática; se sustituyó el Estado centralista por el Estado de las autonomías que representaba una auténtica división horizontal del poder político; hubo que transformar una economía estatalista  en una economía de mercado más liberal y auténtica, alcanzando un acuerdo social que fijase las líneas básicas de nuestra economía; hubo que abordar una reforma fiscal que hiciera que pagase más quien más tuviese.

Todos estos objetivos son promesas electorales que se abordaron y se cumplieron. Como se abordó la organización de un poder judicial independiente, la modernización y reciclaje de la Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado, la reforma del sistema educativo, la lucha contra la crisis económica, contra la atonía de los inversores, etcétera. en medio de un ataque feroz del terrorismo y tratando de que arraigasen en la sociedad los valores de la libertad y la tolerancia.

UCD, que culminó el proceso de transición política, sucumbió cuando estaba inmersa en el proceso de transformación de la sociedad española a un orden socio-económico más moderno y más justo, que no hemos acabado. En su interior luchaban dos concepciones de centro: del centrismo conservador que pretendía abordar las reformas imprescindibles para mantener la paz social a corto plazo, y el centrismo progresista que entendía -y entiende- que toda reforma ha de estar seguida de nuevas reformas que la consoliden, para hacer posible una auténtica democracia política, incompatible con las injustas desigualdades y los privilegios infundados que aún subsisten en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales.

Siempre defendí las posiciones de este centro progresista, lo que me hizo aparecer ante algunos de mis compañeros como un obstáculo a sus intereses, y desencadenó las luchas que originaron la crisis de esa opción de centro que contribuí a formar. Ésta es la razón última de la crisis de UCD.

Desde la misma posición fundé CDS para tratar de integrar a los españoles en la línea de progresismo y reformar y hacer realidad una última promesa electoral que aún está por cumplir, que el logro de una España para todos no pueda ser puesta en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos.

Hoy sigo pensando que es absolutamente necesaria la existencia de un partido de centro progresista de las características de CDS. Porque, como decíamos en nuestro Manifiesto fundacional, no debemos olvidar que las libertades y los derechos conseguidos hasta ahora, a través de la reforma política, sólo tendrán plena realidad si entre todos reemprendemos con valentía la reforma social y la reforma económica.

No caben desencantos ni desilusiones. El camino hacia la democracia es largo pero creo que ya hemos recorrido lo más difícil. Si el pueblo español mantiene el enorme capital de ilusión colectiva, la vitalidad y la esperanza de que hizo gala en la transición, podrá hacer frente a cuanto la Historia nos depare.

El ingreso en la Comunidad Económica Europea es un reto más hacia el que debemos caminar con firmeza y con el convencimiento de la importante contribución que nuestra incorporación supone. No se trata sólo de entrar en un gran mercado, sino que debemos hacer prevalecer los auténticos valores sobre los que las democracias se asientan. La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad no son sólo los ideales que llenan de contenido a nuestras democracias, sino las exigencias que debemos satisfacer en cada hombre, en cada pueblo, en cada nación, en cada rincón del mundo.” 

 Adolfo Suárez.

Publicado en Desatado y bien desatado de El Periódico.  Noviembre de 1985.

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FUNCIONARIOS

junio 24, 2009

Funcionarios

ENRIC GONZÁLEZ  17/06/2009

Las teorías socio-religiosas de Max Weber han hecho fortuna: ahora son casi vox pópuli. Ya saben, aquello de que el capitalismo y la ética del trabajo tienen raíces protestantes. Puede que sea cierto; en cualquier caso, hoy resulta irrelevante. La riqueza y la pobreza se explican mejor, históricamente, por otras razones. Podríamos señalar dos fundamentales: la distancia del Estado (o la presencia de un Estado liberal e inapetente) y el movimiento demográfico.

Miremos el mapa de Europa. Dos de los países con mayores concentraciones industriales, Alemania e Italia, no existieron hasta el siglo XIX. Hasta entonces no había Estado, sino un imperio perezoso como el austro-húngaro, unos cuantos duques y los prohombres locales. No fueron Bismarck ni Cavour quienes crearon el tejido empresarial en torno a Hamburgo, Francfort o Milán: eso existía desde antes, igual que la banca (sin los préstamos de la familia Rothschild, el continente habría evolucionado de forma distinta) o el sentido comercial.

Los Países Bajos, otro ejemplo de éxito económico, sí tenían Estado, pero pequeño, burgués y con vocación mercantil: Nueva York, por ejemplo, conserva en su genética colectiva el ADN holandés, y sigue sin parecerse al resto de Estados Unidos. Dejemos Gran Bretaña (su revolución industrial fue un subproducto del imperio), Francia (el Estado napoleónico se ve a sí mismo como una gigantesca empresa familiar) y a los escandinavos, que son caso aparte.

El movimiento demográfico, es decir, las idas y venidas de población, la mezcla y la movilidad, constituye otra característica de las zonas que han mantenido hasta hoy un espíritu económicamente innovador.

En cierta forma, y sin tirar demasiados cohetes porque suele exagerarse cuando se habla del antiguo dinamismo catalán, Cataluña compartía algunos de esos rasgos. Solía tener al Estado lejos, excepto cuando desfilaban tropas, se pagaban impuestos o tocaba bombardeo, y estaba habituada al mestizaje.

El historiador Jordi Nadal afirmó el otro día que los catalanes se habían vuelto comodones, habían perdido ambición y desarrollado una perversa afición por colocarse en alguna Administración pública, lo que en general se asimila al empleo seguro, el horario fijo, los horizontes limitados (excepto, evidentemente, en las áreas de urbanismo) y la escasa voluntad de asumir responsabilidades.

Es una teoría interesante y, aceptando la injusticia de cualquier generalización, probablemente acertada. La vocación burocrática puede explicarse por muchas razones (el desempleo crónico, la deslocalización de la industria, la precariedad laboral de la mayoría de los jóvenes), pero conviene no perder de vista lo más obvio: el funcionariado es, con diferencia, quien más empleo ofrece. ¿Quién es capaz, en Cataluña, de generar casi 40.000 puestos anuales? La Administración pública. Sólo ella.

Ya no se trata de si este inmenso aparato administrativo funciona de manera eficiente, aunque también, sino de si es sostenible. ¿Lo es? Salvo milagrosa aparición de petróleo en el subsuelo del Fórum o de Port Aventura, no. Ni con una mejor compensación fiscal, ni con la financiación pública más generosa: esto no se aguanta a medio plazo. Cataluña está drenando sus recursos productivos, está empezando a vivir de crédito y se coloca en muy mala posición para enfrentarse a los próximos 15 o 20 años, que empiezan con la actual crisis y acaban, si se cumple lo previsto, en una pesadilla demográfica: casi tantos pensionistas, funcionarios y subsidiados como creadores de riqueza.

Antes, cuando el Estado estaba muy lejos y el capitán general muy cerca, se decía que los catalanes sentían aversión por el funcionariado y por los controles burocráticos, a excepción de los aranceles que protegían la industria local. Esa aversión se ha demostrado falsa: el Estado (la Generalitat y demás administraciones) nos encanta, y mejor cuanto más gordo. En ese sentido, podemos sentirnos afortunados: las administraciones públicas son los únicos organismos del universo que pueden ganar peso, pero nunca perderlo.

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